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Aquellos años de la nacionalización

Por: Rafael Alberto Guerra Álvarez y Omar Villafruela

(Profesores del Centro Universitario Vladimir I. Lenin, de Las Tunas).

 

El primero de enero de 1959, al triunfar La Revolución Cubana, encontró un país sumido en la miseria, la injusticia social y la dependencia económica, sobre todo por el capital norteamericano.

Otro aspecto característico, lo constituye el predominio del latifundio en su agricultura, que se contrapone a la existencia de un campesinado que vive en la extrema pobreza.

De ahí, que el nuevo gobierno decida tomar diversas medidas de profundo contenido revolucionario, destinadas a recuperar los recursos económicos del país en manos del capital foráneo  y de la burguesía local. Este primer paso lo constituye la firma de la Ley de Reforma Agraria. 

La reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar y desde los primeros momentos comenzaron las amenazas de sanciones económicas, envío de  tropas y reducción de la cuota azucarera.

Esta última cobra mayor fuerza cuando el Departamento de Estado valora su posible aplicación y la Comisión Agraria de la Cámara de Representantes hace una propuesta de enmienda a la Ley Azucarera y otorga al presidente poderes adicionales para que, en consecuencia, se ponga en práctica, para finalmente darse a conocer el 6 de julio de 1960 la Proclama del Presidente Eisenhower, en que se reduce la cuota azucarera en 200 mil toneladas, violándose incluso la Carta de la OEA, que estipula la no aplicación de medidas económicas con fines coercitivos. Este engendro fue conocido como Ley Puñal.  

Ante tal situación, la Revolución responde de forma  contundente y viril, con el apoyo del pueblo, adoptándose de inmediato,  la Ley No. 851, que tiene como objetivo dar el marco propicio o de referencia para las nacionalizaciones, basada en el Artículo 24 de la Constitución de la República de Cuba, que establece el proceso de expropiación forzosa por causa de utilidad práctica, conocida popularmente como Ley Escudo.  

Hasta este momento sólo se habían realizado confiscaciones en el caso de los centrales azucareros, a través del Departamento de Bienes Malversados, a personeros de la dictadura.

En el territorio de Chaparra (hoy municipio Jesús Menéndez) sus pobladores se incorporaban a las acciones revolucionarias, a la vez que eran objeto de medidas de represalias por parte de la administración del central.

Son estas, las complejas circunstancias que caracterizan el contexto en que se produce la intervención del central Chaparra y su efectiva nacionalización, de acuerdo a lo estipulado por la ley.  

Los documentos que a continuación se mencionan, dan luz en este proceso, que puso muy en alto la dignidad y soberanía alcanzada por el pueblo cubano a partir del triunfo revolucionario. .

Entre los documentos aportados por el historiador del municipio Jesús Menéndez, Omar Villafruela, aparece un acta fechada el 20 de julio de 1960, contentiva de los aspectos tratados entre la administración de The Cuban American Sugar Mills Company y la representación sindical ante dirigentes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en la sede de dicha empresa en Chaparra, donde la parte sindical estableció una serie de demandas en beneficio de los obreros agrícolas, industriales y colonos; dada la actitud reaccionaria y prepotente de la empresa norteamericana ante las medidas de orden social adoptadas por el Gobierno Revolucionario.

También aparece el acta de entrega de la administración de los centrales Chaparra y Delicias, donde se recogen los pormenores de lo acontecido en la tarde del 30 de julio de 1960 en las oficinas de la administración. En esta misma reunión se dio a conocer la designación de Fernando Pérez Zorrilla como Interventor-Administrador del central Chaparra, que de inmediato asumió las responsabilidades inherentes a su cargo.

Resultan medulares las precisiones hechas en esta reunión por el capitán Fernando Vecino Alegret y otros representantes del INRA.

De sumo interés son también las respuestas dadas por el ingeniero Juan L. Fiol Villageliú, a la sazón Administrador General Auxiliar de la Compañía, sobre las irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones de dicha empresa, que según sus propias palabras no tenía noticias de una situación análoga. Relacionado con este asunto se tiene la opinión aportada por Mastrapa Braña, quien si recordaba una situación similar ocurrida en 1933 y que dio lugar a la intervención del central por el Gobierno de los Cien Días.

Otro de los documentos es la Resolución  No. 195 del 20 de julio de 1960, dictada por el Presidente y el Director Ejecutivo del INRA, Fidel Castro Ruz y Antonio Núñez Jiménez, respectivamente.

La nacionalización se hace efectiva el día 6 de agosto de 1960, a través de la Resolución No. 1, que tiene como base legal la Ley 851 y en la que The Cuban American Sugar Mills aparece en el número 11.  

Este proceso culminó el 13 de octubre del propio año 1960 cuando pasaron a manos cubanas 105 centrales, que junto a 18 confiscados a Batista y sus cómplices y 38 norteamericanos totalizaban los 16l existentes en el país.  

Alfredo Menéndez Cruz, quien fuera uno de los principales protagonistas de estos hechos, se manifiesta de la siguiente manera: 

“Fidel trazó la estrategia de no llevarse a cabo en la agricultura cañera hasta después que concluyera la zafra de 1960, porque sabía que con ello iba a tomar el corazón económico del país“.

Señaló además que cuando se fuera a materializar la ley en la rama cañera, se debía partir del central, desde donde se controlaba la industria y la agricultura.

La nacionalización del central Chaparra y sus colonias, fue un proceso complejo para los trabajadores y pueblo en general, que sin tener todavía plena conciencia de lo que significaba desde el punto de vista social el triunfo de la revolución, se vieron asediados por maniobras de los representantes de la compañía y algunos colaboradores, lo que provocó confusión en no pocos chaparreros, que obligó a la dirección de La revolución a la adopción de medidas de esclarecimiento popular y de reforzamiento de sus estructuras políticas y sociales.