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Por Graciela Guerrero Garay      Foto: Periodico 26

Que los “bandoleros” andan sueltos lo sabemos todos. Lamentablemente, el irrespeto a la propiedad estatal y privada forma parte de la vida diaria y, si bien tiene el rechazo colectivo, no siempre el rigor de la ley ayuda a que interioricen la magnitud del delito y la degradación moral que significa. Una multa, a veces mínima, no endereza una mente y un corazón torcidos.

No hace mucho, más de una familia fue víctima del robo de los breaker eléctricos en una decena de edificios multifamiliares del reparto Santos, aunque no dudo que el hecho aconteciera en otras zonas residenciales de la ciudad de Las Tunas. Los afectados, en el caso del ubicado en la avenida Primero de Enero, hicieron la denuncia y escaparon. En un segundo intento en el mismo lugar no lograron su objetivo, pero volvieron a salir airosos.

La respuesta de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) fue inmediata. Sin embargo, entre el claroscuro de la noche lograron disimular incluso ante los ojos de los perjudicados. Y es que el ladrón, por lo general, pone cara de ángel y se cree infalible, muchas veces porque conoce que por temor a represalias algunos optan por no delatarlo.

Hay casos para novelar. Un amigo me contó que uno de sus inquilinos, oficialmente registrado en el libro de control establecido para los arrendatarios en moneda nacional, le hurtó varios enseres de la habitación alquilada. Por supuesto, el “caco” se puso las esposas solito, pero esta realidad tiene tela para sacar conclusiones. Tenemos que estar alertas.

Los hechos publicados sobre la apertura de 35 procesos penales por delitos relacionados con el huracán Irma no merecen comentarios. Sencillamente, dejan un mensaje bien claro: hay que denunciar y ser más severos en la aplicación de las sanciones. Varios lectores me cuentan de fechorías detestables que recibieron castigos benévolos.

El tema va más allá de “atajar” las indisciplinas sociales. A mi juicio, se trata de aplastar desde el barrio y hasta el nivel más alto la mínima manifestación de amenaza a la tranquilidad ciudadana y apoyar, con fuerza moral y logística, a los agentes del orden, porque sucede que en no pocas ocasiones se hace la denuncia y cuando llegan al lugar, quienes piden el auxilio se retractan. O que la PNR no tiene los carros de patrullaje necesarios para dar cobertura, aunque sea de rutina, a todas las áreas urbanas y rurales, un pedido sistemático de la población.

Recuerdos desagradables, incluso con violencia, marcan cicatrices en la mente y el corazón de muchas personas por la catadura inmoral de un grupo de individuos que ha demostrado, a todas luces, que su fin es lo único importante. El silencio hace cómplice, no lo olvide.

Para estos burdos pilluelos no hay objeto de menosprecio. El robo en cadena de los breaker de los edificios multifamiliares es una evidencia tangible. Resulta imprescindible incrementar la vigilancia en la cuadra y denunciar a la menor sospecha de “algo anormal”.

El falso mito de “para qué complicarse, si la policía no viene” huele a excusa contemplativa y suena pariente cercana de esa otra muy dañina frase: ¡qué va, no vale la pena coger lucha! Nadie como las potenciales víctimas – nosotros- deben poner en el ruedo de la justicia el problema y demostrarles a estos ladronzuelos que, por las cuatro esquinas, están cercados.

Lo demás es no darle el pan en las manos. Exigir que se proceda como establece la ley y ésta ponerse a tono con los comportamientos “humanos” del convulso siglo XXI. Nada que ver la indisciplina social con el delito. La frecuencia y los casos específicos de robos deben tener un espacio recio y propio en el código penal. A tiempo, ya es tiempo.