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Por Graciela Guerrero Garay

El combate a las indisciplinas sociales y el control sobre diferentes aspectos que dañan la legalidad socialista y los derechos civiles de los cubanos hoy, sin  que nada esté aún terminado, demuestran la voluntad del cambio a nivel gubernamental y de la ciudadanía, en aras del mejoramiento de la sociedad.

En Las Tunas, por ejemplo, disminuyeron los delitos en esta etapa posterior al llamado – en julio del presente año- del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a rescatar los valores éticos y combatir, sin fronteras, todo lo que lacera al país, sea en lo económico, lo político o lo social.

En consecuencia hay una respuesta más dinámica para resolver los problemas que afectan la nación y sus territorios, al tiempo que se percibe una mayor combatividad y denuncia popular sobre los asuntos comunitarios o institucionales que se alejan del empeño de perfeccionar el proyecto socialista, hecho visible en las Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados del Poder Popular a sus electores, las cuales tienen lugar por estos días en diferentes Circunscripciones.

Mientras en los barrios los vecinos traen al debate temas como el arreglo de las calles,  el abasto de agua, la higiene y la calidad de determinados servicios públicos, la legalización de las viviendas en el país y su inscripción en el Registro de Propiedad testifican, también, que los asuntos legales ocupan la atención de los cubanos, a tono con las transformaciones y facilidades que entraron en vigor después del VI Congreso del Partido y  la aplicación gradual de los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución.

Muestra de ello es que de enero a octubre del actual año se registraron en dichas oficinas a lo largo y ancho de la isla un total de 873 mil 314 inmuebles, en tanto se incrementa la cantidad de trámites y hay un control sistemático sobre la calidad, organización y disciplina del desempeño de las mismas.

Vale apuntar que este proceso responde al interés especial de los titulares y al convencimiento personal y social de que la legalidad es el arma legítima, cuando se trata de tener garantía para evitar manipulaciones, fraudes, delitos y estafas de terceros y de manos inescrupulosas que quieran aprovecharse de los actos de compra-venta, permutas u otros relacionados con  el patrimonio inmobiliario,  sea privado o estatal.

En el camino de restablecer el orden y los valores morales, éticos, civiles y educativos en la Isla se observan, a todas luces, nuevas veredas. Y lo importante es, sin duda alguna, que el despertar llegó para quedarse y consumar, más temprano que tarde, una sociedad mejor y un socialismo sostenible y próspero. Las buenas señales están y la vigilancia para que se mantengan también.