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Por Graciela Guerrero Garay      Foto: De 26 Digital

No sé cuántas veces escucho eso de “no cojas lucha, eso no hay quien lo arregle”. Y muchas más apelo a que si individual y colectivamente dejamos que esta apatía gane terreno, justo el cambio que buscamos estará bien lejos de cualquier voluntad política, ley o decreto que se emita a favor de las mayorías, porque al final “cada cual” se convierte “en todos” y, en consecuencia, en la sociedad que somos.

En ese camino – empeño de lograr una nación mejor y atajar problemas vitalicios, nace la Resolución 54/2018 del Ministerio de Comercio Interior, que compila y da fuerza legal a las políticas proteccionistas del consumidor para, en primer lugar, defender sus derechos y no dejar que un mudo libro de quejas y sugerencias, “una conversadita” con la administración o un lamento en voz alta – pero no en el lugar correcto- se encargue de ello.

Hasta ahora esas alternativas o modos de asumir el asunto, no resolvieron nada. Mejor suerte tampoco  correrá el nuevo documento encargado de organizar, y encaminar, las veredas del servicio público hacia un mismo camino, si el consumidor no empieza por respetarse a sí mismo y, sintiéndose víctima, no denuncia, reclama, alerta, exige. O asume actitudes fatalistas y contemplativas ante lo mal hecho, “por no coger lucha” y pensar tácitamente que el mal servicio “no lo arregla nadie”.

Del otro lado del mostrador anda la contraparte, que bien conoce cuáles son sus deberes ante el cliente y los viola – no creo que por falta de cultura o desconocimiento del buen servir-, sino porque las carencias materiales parecen haber creado un efecto bumerán, apuntalado en la falta de control y ética, como esa des – ética que lacera y sostiene “la otra lucha” porque “la cosa está mala”.

Indisciplinas arraigadas para multiplicar el insaboreable acto de adquirir un servicio, donde quizás el pecado mayor esté en la no correspondencia entre la calidad del producto y su precio, el cual parte desde el suministrador, crece con los distribuidores y se legaliza como usurpador de derecho en esa unidad administrativa que lo acepta, con el riesgo de que a partir de este primero de junio cargue con toda la culpa, ante cualquier justa reclamación de un usuario, cliente o consumidor, según sea el caso y la categoría del demandante.

Por eso a esta altura de tantas esquinas rotas, siento que nadie puede estar ajeno a este bienvenido proceder que llega para ordenar una imagen por doquier quebrada. Los que sirven lo hacen mal y los servidos lo aceptan, parapetados en falsos conceptos de actuación ciudadana, una  negra tendencia arraigada en la crisis del período especial que, seguro, hace más daño que el silencio, cómplice por demás.

Si bien se sabe que “porque sí” la Resolución no hará llover la excelencia ni la cultura del detalle, no es ocioso que cada cual haga catarsis de su responsabilidad y la apoye desde el pensamiento consciente, pues sancionar no es la meta y menos diluir la dinámica de comercios y unidades gastronómicas.

Lo correcto creo es acabar con la falsa moral, las indisciplinas corruptas, el abuso explícito y todo cuando dañe el verdadero concepto de una sociedad próspera y sostenible. Pero para eso hay que coger lucha, luchar y ser transparente, detrás o delante de cualquier mostrador.